Construcciones ilegales en El Ávila, Foto Karina LizcanoFuente: http://www.el-nacional.com/ Caracas, 21 de febrero de 2010
El Comando de la Guardia Montada Nacional Bolivariana no puede asegurar que los incendios ocurridos en el Ávila estén directamente relacionados con las invasiones, pero se encuentran en alerta para impedir cualquier de las dos situaciones
"Nosotros también estamos con la revolución, pero así como él es presidente y es venezolano y tiene sus derechos, nosotros también creemos que tenemos nuestros derechos y merecemos una vivienda digna", dijo Julio César Mata, un joven que hace 2 años invadió, junto a 15 familias más, un terreno aledaño a la autopista Caracas-Guarenas y que pertenece al parque nacional Wuaraira Repano.
La montaña se ha visto amenazada por una serie de ocupaciones ilegales en las zonas de La Pastora, Lídice, Macayapa, el sector Topo Padrón y el sector Cerro Perico en la autopista Caracas-Guarenas.
Julio César Mata construyó su precaria casa en esta zona, llamada Santa Rosa parte baja, porque no tiene dinero para pagar un alquiler y, mucho menos, comprar una vivienda. Él tiene a su cargo a su madre, hermano, esposas e hijos. Mata no trabaja, se dedica a la labor social.
"Yo me encargo de la comunidad, de que no vivamos a los golpes, a lo marginal. A veces me rebusco como mototaxi. Yo sé que lo que estamos haciendo es ilegal, pero no tenemos otra opción".
Al sonido de los carros que pasan por la autopista se une el martillar que uno de los hombres de la zona hace contra las maderas con la que construye otra vivienda.
Todas las casas comparten una estructura similar y débil: no tienen agua o baños, propensas a caer ante una lluvia fuerte, un deslave o un temblor. La luz la toman directamente de los postes.
La comunidad de Santa Rosa, parte baja ha realizado todos los trámites necesarios para ser reubicados, pero aún esperan por una respuesta. Mata asegura que su caso está bajo el tribunal vigésimo sexto de primera instancia, aunque no tienen un abogado que los ayude.
"Nosotros estamos dispuestos a mudarnos a donde sea. Lo que estamos peleando es una vivienda digna para nuestros hijos, nuestras familias. Para nosotros mismos. Si nos desalojan y no nos dan una solución, tengan por seguro que nos iremos a la autopista", advirtió.
Unos metros más arriba, el terreno está quemado. Se observa que la vegetación fue sometida al fuego con la intensión de construir. Sin embargo, no hay viviendas.
"Eso fue quemado, no por nosotros. Un capitán vino y encontró a una gente invadiendo. El consejo comunal de la parte de arriba llamó a las autoridades competentes y retiraron a los que estaban allí. Nosotros colaboramos con que no venga más gente porque eso nos perjudica. La guardia se llevó detenidos a unos que eran los que quemaban el terreno", dijo.
Así se juntan los dos problemas más grave que tiene el parque nacional: las invasiones y los incendios.
El mayor Juan Fernández Alayón, comandante a cargo del Comando de la Guardia Montada explicó que no tienen pruebas de que un hecho esté ligado con el otro porque no han capturado a alguien en flagrancia.
"Es muy difícil porque quienes queman la montaña no se quedan durante el incendio, pero es muy curioso que cuando hay una zona quemada, en seguida llegan personas a tomar el lugar", dijo.
La Guardia Montada es la encargada de custodiar las 85.192 hectáreas del Waraira Repano. Su labor comprende velar porque no se construya en la montaña, reportar los incendios, proteger a los visitantes y habitantes de los delincuentes y ayudar en el rescate de las personas que se pierden en el parque nacional, todo en conjunto con Inparques y el Ministerio del Ambiente.
Cuando se efectúan desalojos, la GNB acude al sitio con una persona de la Fiscalía General. A los habitantes se les elabora un censo para conocer a fondo su situación y poder reubicarlos, si así lo determina la investigación.
"En lo que va de año hemos efectuado 13 detenciones de personas vinculadas con la invasión de terrenos en El Ávila", informó.
El caso más resaltante ocurrió en Topo Padrón, zona cercana a la Universidad Metropolitana, donde 2 personas tomaron ilegalmente unos terrenos de El Ávila, los delimitaron y los pusieron a la venta.
"Estas dos personas están detenidas, en manos de la fiscalía ambiental y esperando respuesta de los tribunales en flagrancia. Ellos decidirán. Los delitos ambientales no acarrean necesariamente privativa de libertad como otros delitos de mayor impacto social. Sin embargo, esos invasores están privados de libertad con derecho a fianza".
Problemas vecinales
Desde las rejas que protege una pequeña bodega en Loma del Polvorín en La Pastora, el señor José Rausseo relató la situación que vive el sector con respecto a las invasiones en El Ávila.
"La semana pasada detuvieron a un vecino por estar construyendo su casa un poco más arriba de las que tienen años aquí. Pero eso fue un problema entre las juntas vecinales".
Rausseo contó que la antigua junta vecinal aprobó la construcción de varias casas en la zona más alta del barrio para la misma gente de La Pastora, pero con la llegada de una nueva junta el proyecto fue rechazado.
"Hasta habían recibido ayuda de Miraflores para la construcción de las casas y se llegaron a levantar algunas columnas. Pero como la nueva junta tiene pique con la vieja, entonces detuvieron todo y llamaron a la Guardia Nacional para que sacara a los que querían hacer sus viviendas ahí. La GNB llegó, encontró a una sola persona construyendo y se la llevaron detenida", contó Rausseo.
De la invasión solo quedan las columnas levantadas y la maleza.
Montaña bajo fuego
La mano del hombre está involucrada con los recientes incendios ocurridos en el parque Wuaraira Repano. Así lo asegura el mayor Jesús Fernández Alayón.
"Aquí no hace tanto calor como para que los incendios sean espontáneos. Las razones son diversas: asentamientos agrícolas que hacen quemas programadas y se les escapan de control o algún fuego encendido dejado por los visitantes de la montaña cuando van a hacer parrillas a las orillas de los riachuelos o vecinos que queman basura porque el aseo no llega hasta allá arriba, tal vez algún enfermo que provoca el fuego para disfrutar de él. Otra razón, pero no la tenemos absolutamente comprobada, son los invasores. Presumimos que algunos de ellos puedan estar relacionados con estos incendios, pero no lo podemos asegurar".
Invasiones de bajo perfil
Aunque el fuego es el problema más visible que enfrenta El Ávila, el mayor Fernández mostró gran preocupación por la oleada de invasiones en la zona.
Calificó estas acciones en dos tipos, las que se realizan con discreción y las que son violentas.
"Una es muy lenta y a la vista no se observan. Al cabo de cierto tiempo uno se sorprende. Están en unos sitios de muy difícil acceso. A diferencia de las que son masivas y que son mucho más fáciles de trabajarlas porque uno actúa rápidamente. Muchas veces usando la persuasión, la gente entra en razón y entiende que esos no son espacios para invadir. Las zonas más vulnerables a invasiones en Caracas son Puerta Caracas, Lídice y Macayapa donde hay casas de bloques. Ahí es cuando hacemos el censo para conocer la situación de esas familias y solicitar la orden de desalojo".
Todos argumentan y justifican sus acciones bajo la misma situación: no poseer una vivienda. Luego de censarlos, se investiga la situación de las familias, pide una orden de desalojo por medio de la fiscalía, si el censo así lo determina se les busca una solución habitacional y luego se desalojan de los terrenos invadidos.
"El problema es que el Wuaraira Repano es el pulmón de la ciudad y debe ser protegido como tal. También debemos proteger la fauna y flora que allí habitan. Desde antes que fuera decretado parque nacional había gente viviendo en la montaña. A esas personas se les permitió continuar ahí, pero luego del decreto se prohibió el asentamiento de viviendas en esos terrenos. Toda construcción en la montaña es ilegal", expresó.
La Guardia Montada cuenta con el apoyo de las comunidades que han comprendido que El Ávila es un reservorio natural y cualquier acción que atente contra su mantenimiento es ilegal.
"Las personas nos llaman apenas ven un intento de invasión o un incendio. Es muy importante ese apoyo porque nosotros no podemos estar viendo todas las hectáreas de terreno" comenta el mayor Fernández Alayón. El invasor Julio César Mata está conciente de que El Ávila debe ser protegido: "nosotros sabemos que lo que hacemos es ilegal, pero también queremos ayudar a conservar la montaña. Ver la montaña así da tristeza. Por eso queremos pedirle permiso al Ministerio de Ambiente porque nosotros queremos sembrar".
El Comando de la Guardia Montada Nacional Bolivariana no puede asegurar que los incendios ocurridos en el Ávila estén directamente relacionados con las invasiones, pero se encuentran en alerta para impedir cualquier de las dos situaciones
"Nosotros también estamos con la revolución, pero así como él es presidente y es venezolano y tiene sus derechos, nosotros también creemos que tenemos nuestros derechos y merecemos una vivienda digna", dijo Julio César Mata, un joven que hace 2 años invadió, junto a 15 familias más, un terreno aledaño a la autopista Caracas-Guarenas y que pertenece al parque nacional Wuaraira Repano.
La montaña se ha visto amenazada por una serie de ocupaciones ilegales en las zonas de La Pastora, Lídice, Macayapa, el sector Topo Padrón y el sector Cerro Perico en la autopista Caracas-Guarenas.
Julio César Mata construyó su precaria casa en esta zona, llamada Santa Rosa parte baja, porque no tiene dinero para pagar un alquiler y, mucho menos, comprar una vivienda. Él tiene a su cargo a su madre, hermano, esposas e hijos. Mata no trabaja, se dedica a la labor social.
"Yo me encargo de la comunidad, de que no vivamos a los golpes, a lo marginal. A veces me rebusco como mototaxi. Yo sé que lo que estamos haciendo es ilegal, pero no tenemos otra opción".
Al sonido de los carros que pasan por la autopista se une el martillar que uno de los hombres de la zona hace contra las maderas con la que construye otra vivienda.
Todas las casas comparten una estructura similar y débil: no tienen agua o baños, propensas a caer ante una lluvia fuerte, un deslave o un temblor. La luz la toman directamente de los postes.
La comunidad de Santa Rosa, parte baja ha realizado todos los trámites necesarios para ser reubicados, pero aún esperan por una respuesta. Mata asegura que su caso está bajo el tribunal vigésimo sexto de primera instancia, aunque no tienen un abogado que los ayude.
"Nosotros estamos dispuestos a mudarnos a donde sea. Lo que estamos peleando es una vivienda digna para nuestros hijos, nuestras familias. Para nosotros mismos. Si nos desalojan y no nos dan una solución, tengan por seguro que nos iremos a la autopista", advirtió.
Unos metros más arriba, el terreno está quemado. Se observa que la vegetación fue sometida al fuego con la intensión de construir. Sin embargo, no hay viviendas.
"Eso fue quemado, no por nosotros. Un capitán vino y encontró a una gente invadiendo. El consejo comunal de la parte de arriba llamó a las autoridades competentes y retiraron a los que estaban allí. Nosotros colaboramos con que no venga más gente porque eso nos perjudica. La guardia se llevó detenidos a unos que eran los que quemaban el terreno", dijo.
Así se juntan los dos problemas más grave que tiene el parque nacional: las invasiones y los incendios.
El mayor Juan Fernández Alayón, comandante a cargo del Comando de la Guardia Montada explicó que no tienen pruebas de que un hecho esté ligado con el otro porque no han capturado a alguien en flagrancia.
"Es muy difícil porque quienes queman la montaña no se quedan durante el incendio, pero es muy curioso que cuando hay una zona quemada, en seguida llegan personas a tomar el lugar", dijo.
La Guardia Montada es la encargada de custodiar las 85.192 hectáreas del Waraira Repano. Su labor comprende velar porque no se construya en la montaña, reportar los incendios, proteger a los visitantes y habitantes de los delincuentes y ayudar en el rescate de las personas que se pierden en el parque nacional, todo en conjunto con Inparques y el Ministerio del Ambiente.
Cuando se efectúan desalojos, la GNB acude al sitio con una persona de la Fiscalía General. A los habitantes se les elabora un censo para conocer a fondo su situación y poder reubicarlos, si así lo determina la investigación.
"En lo que va de año hemos efectuado 13 detenciones de personas vinculadas con la invasión de terrenos en El Ávila", informó.
El caso más resaltante ocurrió en Topo Padrón, zona cercana a la Universidad Metropolitana, donde 2 personas tomaron ilegalmente unos terrenos de El Ávila, los delimitaron y los pusieron a la venta.
"Estas dos personas están detenidas, en manos de la fiscalía ambiental y esperando respuesta de los tribunales en flagrancia. Ellos decidirán. Los delitos ambientales no acarrean necesariamente privativa de libertad como otros delitos de mayor impacto social. Sin embargo, esos invasores están privados de libertad con derecho a fianza".
Problemas vecinales
Desde las rejas que protege una pequeña bodega en Loma del Polvorín en La Pastora, el señor José Rausseo relató la situación que vive el sector con respecto a las invasiones en El Ávila.
"La semana pasada detuvieron a un vecino por estar construyendo su casa un poco más arriba de las que tienen años aquí. Pero eso fue un problema entre las juntas vecinales".
Rausseo contó que la antigua junta vecinal aprobó la construcción de varias casas en la zona más alta del barrio para la misma gente de La Pastora, pero con la llegada de una nueva junta el proyecto fue rechazado.
"Hasta habían recibido ayuda de Miraflores para la construcción de las casas y se llegaron a levantar algunas columnas. Pero como la nueva junta tiene pique con la vieja, entonces detuvieron todo y llamaron a la Guardia Nacional para que sacara a los que querían hacer sus viviendas ahí. La GNB llegó, encontró a una sola persona construyendo y se la llevaron detenida", contó Rausseo.
De la invasión solo quedan las columnas levantadas y la maleza.
Montaña bajo fuego
La mano del hombre está involucrada con los recientes incendios ocurridos en el parque Wuaraira Repano. Así lo asegura el mayor Jesús Fernández Alayón.
"Aquí no hace tanto calor como para que los incendios sean espontáneos. Las razones son diversas: asentamientos agrícolas que hacen quemas programadas y se les escapan de control o algún fuego encendido dejado por los visitantes de la montaña cuando van a hacer parrillas a las orillas de los riachuelos o vecinos que queman basura porque el aseo no llega hasta allá arriba, tal vez algún enfermo que provoca el fuego para disfrutar de él. Otra razón, pero no la tenemos absolutamente comprobada, son los invasores. Presumimos que algunos de ellos puedan estar relacionados con estos incendios, pero no lo podemos asegurar".
Invasiones de bajo perfil
Aunque el fuego es el problema más visible que enfrenta El Ávila, el mayor Fernández mostró gran preocupación por la oleada de invasiones en la zona.
Calificó estas acciones en dos tipos, las que se realizan con discreción y las que son violentas.
"Una es muy lenta y a la vista no se observan. Al cabo de cierto tiempo uno se sorprende. Están en unos sitios de muy difícil acceso. A diferencia de las que son masivas y que son mucho más fáciles de trabajarlas porque uno actúa rápidamente. Muchas veces usando la persuasión, la gente entra en razón y entiende que esos no son espacios para invadir. Las zonas más vulnerables a invasiones en Caracas son Puerta Caracas, Lídice y Macayapa donde hay casas de bloques. Ahí es cuando hacemos el censo para conocer la situación de esas familias y solicitar la orden de desalojo".
Todos argumentan y justifican sus acciones bajo la misma situación: no poseer una vivienda. Luego de censarlos, se investiga la situación de las familias, pide una orden de desalojo por medio de la fiscalía, si el censo así lo determina se les busca una solución habitacional y luego se desalojan de los terrenos invadidos.
"El problema es que el Wuaraira Repano es el pulmón de la ciudad y debe ser protegido como tal. También debemos proteger la fauna y flora que allí habitan. Desde antes que fuera decretado parque nacional había gente viviendo en la montaña. A esas personas se les permitió continuar ahí, pero luego del decreto se prohibió el asentamiento de viviendas en esos terrenos. Toda construcción en la montaña es ilegal", expresó.
La Guardia Montada cuenta con el apoyo de las comunidades que han comprendido que El Ávila es un reservorio natural y cualquier acción que atente contra su mantenimiento es ilegal.
"Las personas nos llaman apenas ven un intento de invasión o un incendio. Es muy importante ese apoyo porque nosotros no podemos estar viendo todas las hectáreas de terreno" comenta el mayor Fernández Alayón. El invasor Julio César Mata está conciente de que El Ávila debe ser protegido: "nosotros sabemos que lo que hacemos es ilegal, pero también queremos ayudar a conservar la montaña. Ver la montaña así da tristeza. Por eso queremos pedirle permiso al Ministerio de Ambiente porque nosotros queremos sembrar".
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