Más de 200 familias se han instalado ilegalmente alrededor del terminal de Oriente (Venancio Alcázares)Fuente: www.eluniversal.com Caracas, 10 de junio de 2009 Migdalis Cañizales/Mirelis Morales Tovar
Al menos 100 familias ocupan terrenos a la altura del distribuidor metropolitano
Un rancho por aquí, otro por allá, y unos cuantos más acá. Así, poco a poco, la autopista Petare-Guarenas se ha ido llenando de invasiones, sin que las autoridades del Gobierno Nacional haya hecho algo significativo para detenerlas o para darle respuesta a las necesidades habitacionales que reclaman quienes se adueñan de terrenos ajenos con la excusa de no tener vivienda. Hasta ahora, la Alcaldía de Sucre no ha podido levantar un censo de cuántas familias ocupan ilegalmente esos espacios. Sólo se tiene el registro de las últimas invasiones que han ocurrido a nivel del Distribuidor Metropolitano, donde se ubican cerca de 100 familias, según lo informó Karina Favio, directora de Desarrollo Social. La más numerosa concentra a 86 familias, quienes se instalaron con sus carpas desde hace cinco meses. En su mayoría, provienen de Petare y aseguran que dejaron el sector porque ya no podían seguir pagando en alquiler BsF 400 mensuales. "No somos delincuentes. Somos familias que por la necesidad nos hemos venido a instalara aquí. No es un capricho", aseguró el líder de la comunidad, quien prefirió hablar en nombre de todos y no a título personal. "Aquí nos hemos organizado en el consejo comunal Uniendo Fuerzas y hemos ido a todas las instancias del Gobierno -Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, Inavi y Miraflores- para que nos den la titularidad de la tierra, nos ayuden con materiales o nos reubiquen. Dijeron que nos iban a dar respuesta en 15 días, pero ya tenemos aquí 5 meses y no nos han dicho nada". Aseguran que allí han acudido representantes de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, así como funcionarios de la PoliMiranda y Policía de Sucre. Ambos cuerpos de seguridad han intentando desalojarlos, pero afirman que desisten al conocer su situación. En cualquier caso, ellos están atentos. Tienen radios y entre la comunidad se ha incentivado la unidad para protegerse. Mientras, duermen en carpas y aseguran que sólo se ha construido un rancho de bloques, para resguardarse de la lluvia. Sus normas de convivencia prohíben la tala y la quema, según cuentan. No obstante, el terreno está terraceado y ha perdido parte de la capa vegetal, lo que representa un peligro tanto para ellos como para los vecinos de la urbanización Miranda, en caso de que las lluvias comiencen a socavar. Más, tratándose de terrenos de alto riesgo. De ello están conscientes las autoridades de la Alcaldía de Sucre, quienes levantaron un expediente que remitieron a la Fiscalía Ambiental. Sin embargo, aseguran que poco más pueden hacer, pues ello le corresponde al Gobierno central. "Se nos hace difícil tomar medidas más drástica porque no está dentro de nuestras competencias", comentó Favio. "Esos terrenos le pertenecen a Minfra (MOPV) por estar adyacentes a la autopista. A ellos les corresponde desalojarlos, así como a la Fiscal Ambiental, pues se vulnera la seguridad de la urbanización Miranda por la deforestación. La respuesta depende de ellos, antes de que el barrio se constituya. El asunto es que hay interesados en que estas personas estén allí". Terminal rodeado Las invasiones en el retiro vial de la autopista Petare-Guarenas -a la altura de la terminal de oriente- también se han agudizado en los últimos cuatro años. De acuerdo con el censo realizado por los mismos invasores, más de 200 familias se han instalado en esta área, donde se han formado entre otros los barrios Gran Mariscal de Ayacucho y Vistas del Ávila. Emil de Narváez, quien hace tres años perdió su casa ubicada en el barrio San Isidro en la carretera Vieja Petare-Guarenas, revela que, así como ella, otras 20 familias de su sector se instalaron en el barrio Gran Mariscal de Ayacucho por necesidad. "Nos quedamos sin casa, pero hay gente de todos los barrios de Petare que viven arrimados con sus familiares". En este caso, la misma comunidad se encargó de la instalación de la red de aguas negras y de la conexión de una tubería a un manantial que está en el parque El Ávila para surtirse. "Ahora estamos solicitando material de construcción a la Gobernación de Miranda, pero nos están exigiendo los documentos del terreno que no tenemos porque es propiedad del Estado". El asunto es que esta situación ha afectado el funcionamiento de la terminal de oriente. Así lo aseguró Luis Abreu, directivo de una de las 36 empresas de transporte que prestan el servicio de rutas interurbanas, quien aseguró que estas invasiones han generado fallas del servicio de agua, porque se han conectado de la tubería matriz que surte al terminal. Ello sin contar la inseguridad que les ha traído. "Diariamente vemos a personas ajenas al terminal merodeando por las instalaciones y ahora no tenemos ni siquiera la vigilancia de Polisucre porque es la Guardia Nacional la que se ocupa de la seguridad y nunca está cuando la necesitan". Los mismos trabajadores de la empresa estatal de transporte Sitssa, que ahora está a cargo de la terminal de oriente, han tratado de dialogar con los invasores de los alrededores para evitar este problema del agua, pero en una oportunidad los sacaron del barrio con pistola.
Un rancho por aquí, otro por allá, y unos cuantos más acá. Así, poco a poco, la autopista Petare-Guarenas se ha ido llenando de invasiones, sin que las autoridades del Gobierno Nacional haya hecho algo significativo para detenerlas o para darle respuesta a las necesidades habitacionales que reclaman quienes se adueñan de terrenos ajenos con la excusa de no tener vivienda. Hasta ahora, la Alcaldía de Sucre no ha podido levantar un censo de cuántas familias ocupan ilegalmente esos espacios. Sólo se tiene el registro de las últimas invasiones que han ocurrido a nivel del Distribuidor Metropolitano, donde se ubican cerca de 100 familias, según lo informó Karina Favio, directora de Desarrollo Social. La más numerosa concentra a 86 familias, quienes se instalaron con sus carpas desde hace cinco meses. En su mayoría, provienen de Petare y aseguran que dejaron el sector porque ya no podían seguir pagando en alquiler BsF 400 mensuales. "No somos delincuentes. Somos familias que por la necesidad nos hemos venido a instalara aquí. No es un capricho", aseguró el líder de la comunidad, quien prefirió hablar en nombre de todos y no a título personal. "Aquí nos hemos organizado en el consejo comunal Uniendo Fuerzas y hemos ido a todas las instancias del Gobierno -Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, Inavi y Miraflores- para que nos den la titularidad de la tierra, nos ayuden con materiales o nos reubiquen. Dijeron que nos iban a dar respuesta en 15 días, pero ya tenemos aquí 5 meses y no nos han dicho nada". Aseguran que allí han acudido representantes de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, así como funcionarios de la PoliMiranda y Policía de Sucre. Ambos cuerpos de seguridad han intentando desalojarlos, pero afirman que desisten al conocer su situación. En cualquier caso, ellos están atentos. Tienen radios y entre la comunidad se ha incentivado la unidad para protegerse. Mientras, duermen en carpas y aseguran que sólo se ha construido un rancho de bloques, para resguardarse de la lluvia. Sus normas de convivencia prohíben la tala y la quema, según cuentan. No obstante, el terreno está terraceado y ha perdido parte de la capa vegetal, lo que representa un peligro tanto para ellos como para los vecinos de la urbanización Miranda, en caso de que las lluvias comiencen a socavar. Más, tratándose de terrenos de alto riesgo. De ello están conscientes las autoridades de la Alcaldía de Sucre, quienes levantaron un expediente que remitieron a la Fiscalía Ambiental. Sin embargo, aseguran que poco más pueden hacer, pues ello le corresponde al Gobierno central. "Se nos hace difícil tomar medidas más drástica porque no está dentro de nuestras competencias", comentó Favio. "Esos terrenos le pertenecen a Minfra (MOPV) por estar adyacentes a la autopista. A ellos les corresponde desalojarlos, así como a la Fiscal Ambiental, pues se vulnera la seguridad de la urbanización Miranda por la deforestación. La respuesta depende de ellos, antes de que el barrio se constituya. El asunto es que hay interesados en que estas personas estén allí". Terminal rodeado Las invasiones en el retiro vial de la autopista Petare-Guarenas -a la altura de la terminal de oriente- también se han agudizado en los últimos cuatro años. De acuerdo con el censo realizado por los mismos invasores, más de 200 familias se han instalado en esta área, donde se han formado entre otros los barrios Gran Mariscal de Ayacucho y Vistas del Ávila. Emil de Narváez, quien hace tres años perdió su casa ubicada en el barrio San Isidro en la carretera Vieja Petare-Guarenas, revela que, así como ella, otras 20 familias de su sector se instalaron en el barrio Gran Mariscal de Ayacucho por necesidad. "Nos quedamos sin casa, pero hay gente de todos los barrios de Petare que viven arrimados con sus familiares". En este caso, la misma comunidad se encargó de la instalación de la red de aguas negras y de la conexión de una tubería a un manantial que está en el parque El Ávila para surtirse. "Ahora estamos solicitando material de construcción a la Gobernación de Miranda, pero nos están exigiendo los documentos del terreno que no tenemos porque es propiedad del Estado". El asunto es que esta situación ha afectado el funcionamiento de la terminal de oriente. Así lo aseguró Luis Abreu, directivo de una de las 36 empresas de transporte que prestan el servicio de rutas interurbanas, quien aseguró que estas invasiones han generado fallas del servicio de agua, porque se han conectado de la tubería matriz que surte al terminal. Ello sin contar la inseguridad que les ha traído. "Diariamente vemos a personas ajenas al terminal merodeando por las instalaciones y ahora no tenemos ni siquiera la vigilancia de Polisucre porque es la Guardia Nacional la que se ocupa de la seguridad y nunca está cuando la necesitan". Los mismos trabajadores de la empresa estatal de transporte Sitssa, que ahora está a cargo de la terminal de oriente, han tratado de dialogar con los invasores de los alrededores para evitar este problema del agua, pero en una oportunidad los sacaron del barrio con pistola.
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