En las faldas del Parque Nacional El Ávila constantemente se experimenta una nueva invasión. Cifras extraoficiales hablan de mil 110 casas instaladas en los últimos cinco años (Foto: Venancio Alcázares)
InvasoresFuente: www.cadenaglobal.com Lunes 1 de junio de 2009 Extracto de lo publicado
22 mil invasiones, rurales y urbanas, a nivel nacional, registra la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), en los últimos 10 años. Sólo en Caracas, según contabilizó Roberto Orta Poleo, directivo de la asociación, existen 800 inmuebles, entre galpones, oficinas y apartamentos, tomados por los sintecho de manera arbitraria. De ese lote, 152 corresponden a edificios, que suman cerca de tres mil viviendas. Todas se iniciaron a partir de 2001.
"A la fecha, las denuncias y solicitudes de desalojo descansan en los archivos del Ministerio Público, pues no se han impulsado los procedimientos para que lleguen a los jueces de control", dijo. Los años 2003 y 2006 fueron los más conflictivos, en el área metropolitana. En el primer período, en agosto específicamente, centenares de familias se apoderaron de un solo golpe de 80 edificios que aún permanecen ocupados. Luego, en enero de 2006, otro grupo mayoritario entró a la fuerza a 40 inmuebles (en su mayoría ubicados en el centro de Caracas), los cuales posteriormente fueron incluidos en un proceso de expropiación, por parte del ex alcalde metropolitano Juan Barreto. Orta Poleo dijo que ese ayuntamiento nada más pagó el costo de 12 edificios, lo que corresponde al cinco por ciento del monto completo, es decir 241 millardos de los viejos. La situación actual es similar a la reportada hace un año. Las familias invasoras se creen dueñas de los techos, viven a su convenir e instalan sin parámetros urbanos cada uno de los servicios públicos, situación que ha perjudicado el entorno, pues se han incrementado los problemas por el colapso de tuberías de aguas negras y por la deficiencia en el suministro de energía, sin contar el aumento de los índices de inseguridad, según denuncias aportadas por los propios vecinos. Se comen lo verde. Lo mismo sucede con las áreas verdes, protegidas y recreacionales, afectadas en ese mismo lapso. Hay severos casos en El Ávila (cifras extraoficiales hablan de mil 110 casas instaladas en los últimos cinco años); en varios kilómetros de la carretera vieja Petare-Guarenas, aproximadamente hasta el 22; en la Regional del Centro, entre la autopista Valle Coche y la bajada de Tazón; en la vía hacia El Junquito; en el bosque de La Rinconada; en la Cota 905 (el parque Vicente Emilio Sojo que tiene invadido cerca de 40 % de su territorio); los parques zoológico de Caricuao, La Paz y Macarao; en La Vega; y una de más reciente data que suma cerca de 20 ranchos de tabla, ubicada frente al Helicoide. Cabe destacar que en estas usurpaciones, la mayoría de los habitantes son extranjeros e indocumentados. Por los lados de Vargas, El Ávila igual está afectado por la acción de los sintecho. Ha habido deforestación de varias hectáreas en La Albareña, Camurí Grande y Care, en la parroquia Naiguatá; y en el Camino de los Españoles, en la zona Torrequemada. En la lista nacional se incluyen los parques Henri Pittier, donde las invasiones tocan la zona La Esmeralda, partes alta y baja; la carretera nacional Maracay-Choroní; La Escoveca y sector X de Ocumare de la Costa; Mochima, cuyas áreas banqueadas están en la Troncal 9 que comprende las comunidades de Bella Vista, Plan de Mesa, Altos de Mochima y Barbacoa. Otros son el cerro Saroche (Lar), Médanos de Coro (Fal) y los monumentos naturales Pico Codazzi, entre Aragua y Miranda y Abra Río Frío (Tách). De acuerdo con un documento de Inparques, el año pasado (este organismo no proporcionó cifras actualizadas) se contabilizaban desarrollos habitacionales no controlados en casi dos mil hectáreas de cinco mil 953 que agrupan 12 parques del país. Estas denuncias, según el mismo informe, están en la Fiscalía y la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental. Pero al igual que los casos anteriores, no ha habido desalojo.
22 mil invasiones, rurales y urbanas, a nivel nacional, registra la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), en los últimos 10 años. Sólo en Caracas, según contabilizó Roberto Orta Poleo, directivo de la asociación, existen 800 inmuebles, entre galpones, oficinas y apartamentos, tomados por los sintecho de manera arbitraria. De ese lote, 152 corresponden a edificios, que suman cerca de tres mil viviendas. Todas se iniciaron a partir de 2001.
"A la fecha, las denuncias y solicitudes de desalojo descansan en los archivos del Ministerio Público, pues no se han impulsado los procedimientos para que lleguen a los jueces de control", dijo. Los años 2003 y 2006 fueron los más conflictivos, en el área metropolitana. En el primer período, en agosto específicamente, centenares de familias se apoderaron de un solo golpe de 80 edificios que aún permanecen ocupados. Luego, en enero de 2006, otro grupo mayoritario entró a la fuerza a 40 inmuebles (en su mayoría ubicados en el centro de Caracas), los cuales posteriormente fueron incluidos en un proceso de expropiación, por parte del ex alcalde metropolitano Juan Barreto. Orta Poleo dijo que ese ayuntamiento nada más pagó el costo de 12 edificios, lo que corresponde al cinco por ciento del monto completo, es decir 241 millardos de los viejos. La situación actual es similar a la reportada hace un año. Las familias invasoras se creen dueñas de los techos, viven a su convenir e instalan sin parámetros urbanos cada uno de los servicios públicos, situación que ha perjudicado el entorno, pues se han incrementado los problemas por el colapso de tuberías de aguas negras y por la deficiencia en el suministro de energía, sin contar el aumento de los índices de inseguridad, según denuncias aportadas por los propios vecinos. Se comen lo verde. Lo mismo sucede con las áreas verdes, protegidas y recreacionales, afectadas en ese mismo lapso. Hay severos casos en El Ávila (cifras extraoficiales hablan de mil 110 casas instaladas en los últimos cinco años); en varios kilómetros de la carretera vieja Petare-Guarenas, aproximadamente hasta el 22; en la Regional del Centro, entre la autopista Valle Coche y la bajada de Tazón; en la vía hacia El Junquito; en el bosque de La Rinconada; en la Cota 905 (el parque Vicente Emilio Sojo que tiene invadido cerca de 40 % de su territorio); los parques zoológico de Caricuao, La Paz y Macarao; en La Vega; y una de más reciente data que suma cerca de 20 ranchos de tabla, ubicada frente al Helicoide. Cabe destacar que en estas usurpaciones, la mayoría de los habitantes son extranjeros e indocumentados. Por los lados de Vargas, El Ávila igual está afectado por la acción de los sintecho. Ha habido deforestación de varias hectáreas en La Albareña, Camurí Grande y Care, en la parroquia Naiguatá; y en el Camino de los Españoles, en la zona Torrequemada. En la lista nacional se incluyen los parques Henri Pittier, donde las invasiones tocan la zona La Esmeralda, partes alta y baja; la carretera nacional Maracay-Choroní; La Escoveca y sector X de Ocumare de la Costa; Mochima, cuyas áreas banqueadas están en la Troncal 9 que comprende las comunidades de Bella Vista, Plan de Mesa, Altos de Mochima y Barbacoa. Otros son el cerro Saroche (Lar), Médanos de Coro (Fal) y los monumentos naturales Pico Codazzi, entre Aragua y Miranda y Abra Río Frío (Tách). De acuerdo con un documento de Inparques, el año pasado (este organismo no proporcionó cifras actualizadas) se contabilizaban desarrollos habitacionales no controlados en casi dos mil hectáreas de cinco mil 953 que agrupan 12 parques del país. Estas denuncias, según el mismo informe, están en la Fiscalía y la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental. Pero al igual que los casos anteriores, no ha habido desalojo.
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