Imagen actualizada de Google Earth de la recién construida Ciudad Caríbia, en la Fila de los Indios, Estado Vargas. Nótese la destrucción de bosques Xerófilos, la degradación topografica, apertura de multiples caminos, la erosión, el relleno de los cauces con materiales arcillosos removidos y la destrucción de todo un complejo alqueológico precolombino de los indios Tarmas que se encontraba en la Fila de los Indios. Además los efectos posteriores que esta ciudad causaría al ambiente como son la contaminación y proliferación habitacional de ranchos. Lo mismo le pasaría a El Avila si se construyeran complejos habitacionales.
Ciudad Caríbia 
Ciudad Caríbia
Ciudad CaríbiaFuente: www.el-carabobeño.com 21 de diciembre de 2010 (Textos)
Fotos: Google earth y Textos de fotos: Pedro Biern
Fotos: Google earth y Textos de fotos: Pedro Biern
Construir en El Ávila: ¿solucionará el problema de vivienda u originará otros?
En 1958, a través del decreto número 473, El Ávila fue declarado parque nacional Un Área Bajo Régimen de Administración Especial en aras de resguardar la biodiversidad que habita en sus 85 mil 192 hectáreas de montaña y lo convierten en un espacio boscoso donde no cabe el concreto, porque sus características biológicas, ecológicas, físicas, químicas y ambientales son totalmente distintas a las zonas y los suelos aptos para el desarrollo habitacional, comercial e industrial, e iguales o parecidas al resto de los 245 parques nacionales venezolanos.
Ninguna de sus faldas debe intervenirse para la construcción de viviendas u otras edificaciones, porque eso implica su deforestación y paulatino genocidio por la acción depredadora de quienes lo habitarán o de quienes vieron en su inmensidad una solución para el déficit habitacional, sin considerar que su intervención originará un impacto ambiental sin precedentes que arreciará el calentamiento global, la sequía y otros fenómenos propios del mal uso de los suelos.
Construir en El Ávila es contravenir las normas de la ordenación sostenible del territorio y ahondar en el crecimiento anárquico y de alto riesgo existente. Es fortalecer la expansión habitacional desordenada del ayer y responsable de la formación de rancherías en las principales ciudades venezolanas y de la pérdida de “viviendas” en el país. Es atentar contra la conservación, la defensa y el mejoramiento del ambiente, lo cual no es más, entre otras, que la creación, la protección, la conservación y el mejoramiento de parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, zonas protectoras, reservas de regiones vírgenes, cuencas hidrográficas, reservas nacionales hidráulicas, reservas de faunas silvestres, parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo, áreas verdes en centros urbanos o de cualesquiera otros espacios sujetos a un régimen especial.
También es atentatoria del mandato constitucional que reza: “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sostenible, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”...
Con esa medida, el Estado no protegerá el ambiente, como lo consagra el artículo 127 de la Carta Magna. Al contrario, profundizará el desequilibrio ecológico existente hoy en el planeta Tierra y causante de las vaguadas recientes en Venezuela, las inundaciones y hasta de los largos veranos. E igualmente, atentará contra el bienestar de la colectividad, por cuanto la deforestación sólo aumenta la temperatura por la pérdida de los árboles o principales filtros naturales que atrapan los gases contaminantes vertidos a la atmósfera y producen el efecto invernadero y el calentamiento de la Tierra. Su intervención detendrá o acelerará los ciclos biológicos, físicos y químicos. Por ende, le impedirá proveer agua y disminuir la oleada de calor por el corte de plantas y árboles.
En El Ávila ni en ninguna otra ABRA se puede construir. A su territorio tampoco se le puede dar un uso distinto del establecido, porque sí allí se fabrican viviendas para palear el déficit, no se estará solucionando el problema habitacional. Eso sería el principio de muchas desgracias anunciadas, como la ocurrida en el estado Vargas, en 1999. Ese tipo de decisiones asumidas para dar respuestas a las emergencias por las lluvias, se transformará en el futuro en otro problema más grave que el actual, pues la naturaleza cobra cuando se le altera sus cauces.
Echar adelante un plan territorial orquestado por un hombre, sin un previo y serio estudio de impacto ambiental y sin la opinión de verdaderos expertos en la materia ambiental, ecológica y urbanística, por el simple hecho de complacer el mandato es una equivocación, porque si las leyes naturales se violan, los seres humanos serán los más afectados por sus nefastas consecuencias. Sí ese proyecto se concretara, lo mejor será que las universidades cierren sus puertas, porque al parecer los conocimientos allí impartidos no sirven para nada, pues una sola persona en el país es la única sabía y quien tiene la potestad de decidir y hacer que se cumpla su decisión, por muy desacertada que sea.
¿Si la nación cuenta con un mecías superdotado, capaz de resolverlo todo para qué sirven las demás instituciones? Pregunta que muchos se hacen luego del anuncio de la posible construcción de casas en El Ávila.
En 1958, a través del decreto número 473, El Ávila fue declarado parque nacional Un Área Bajo Régimen de Administración Especial en aras de resguardar la biodiversidad que habita en sus 85 mil 192 hectáreas de montaña y lo convierten en un espacio boscoso donde no cabe el concreto, porque sus características biológicas, ecológicas, físicas, químicas y ambientales son totalmente distintas a las zonas y los suelos aptos para el desarrollo habitacional, comercial e industrial, e iguales o parecidas al resto de los 245 parques nacionales venezolanos.
Ninguna de sus faldas debe intervenirse para la construcción de viviendas u otras edificaciones, porque eso implica su deforestación y paulatino genocidio por la acción depredadora de quienes lo habitarán o de quienes vieron en su inmensidad una solución para el déficit habitacional, sin considerar que su intervención originará un impacto ambiental sin precedentes que arreciará el calentamiento global, la sequía y otros fenómenos propios del mal uso de los suelos.
Construir en El Ávila es contravenir las normas de la ordenación sostenible del territorio y ahondar en el crecimiento anárquico y de alto riesgo existente. Es fortalecer la expansión habitacional desordenada del ayer y responsable de la formación de rancherías en las principales ciudades venezolanas y de la pérdida de “viviendas” en el país. Es atentar contra la conservación, la defensa y el mejoramiento del ambiente, lo cual no es más, entre otras, que la creación, la protección, la conservación y el mejoramiento de parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, zonas protectoras, reservas de regiones vírgenes, cuencas hidrográficas, reservas nacionales hidráulicas, reservas de faunas silvestres, parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo, áreas verdes en centros urbanos o de cualesquiera otros espacios sujetos a un régimen especial.
También es atentatoria del mandato constitucional que reza: “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sostenible, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”...
Con esa medida, el Estado no protegerá el ambiente, como lo consagra el artículo 127 de la Carta Magna. Al contrario, profundizará el desequilibrio ecológico existente hoy en el planeta Tierra y causante de las vaguadas recientes en Venezuela, las inundaciones y hasta de los largos veranos. E igualmente, atentará contra el bienestar de la colectividad, por cuanto la deforestación sólo aumenta la temperatura por la pérdida de los árboles o principales filtros naturales que atrapan los gases contaminantes vertidos a la atmósfera y producen el efecto invernadero y el calentamiento de la Tierra. Su intervención detendrá o acelerará los ciclos biológicos, físicos y químicos. Por ende, le impedirá proveer agua y disminuir la oleada de calor por el corte de plantas y árboles.
En El Ávila ni en ninguna otra ABRA se puede construir. A su territorio tampoco se le puede dar un uso distinto del establecido, porque sí allí se fabrican viviendas para palear el déficit, no se estará solucionando el problema habitacional. Eso sería el principio de muchas desgracias anunciadas, como la ocurrida en el estado Vargas, en 1999. Ese tipo de decisiones asumidas para dar respuestas a las emergencias por las lluvias, se transformará en el futuro en otro problema más grave que el actual, pues la naturaleza cobra cuando se le altera sus cauces.
Echar adelante un plan territorial orquestado por un hombre, sin un previo y serio estudio de impacto ambiental y sin la opinión de verdaderos expertos en la materia ambiental, ecológica y urbanística, por el simple hecho de complacer el mandato es una equivocación, porque si las leyes naturales se violan, los seres humanos serán los más afectados por sus nefastas consecuencias. Sí ese proyecto se concretara, lo mejor será que las universidades cierren sus puertas, porque al parecer los conocimientos allí impartidos no sirven para nada, pues una sola persona en el país es la única sabía y quien tiene la potestad de decidir y hacer que se cumpla su decisión, por muy desacertada que sea.
¿Si la nación cuenta con un mecías superdotado, capaz de resolverlo todo para qué sirven las demás instituciones? Pregunta que muchos se hacen luego del anuncio de la posible construcción de casas en El Ávila.
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